Caso “Rey de Meiggs”: liberación de sicario provoca crisis institucional
La noche de este lunes se conoció un hecho que ha generado profunda indignación en el ámbito judicial y político: la liberación de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, ciudadano venezolano imputado por el asesinato de José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, quien fue acribillado en la comuna de Ñuñoa el pasado 19 de junio.
Ferrer, sindicado como uno de los autores materiales del crimen, había sido formalizado el 9 de julio y, junto a otros dos ciudadanos venezolanos, quedó con la medida cautelar de prisión preventiva por homicidio calificado. Sin embargo, y de forma inexplicable, fue puesto en libertad menos de 24 horas después, el mismo día en que la jueza Irene Rodríguez dictó su encarcelamiento.
Crimen por encargo
El homicidio de Reyes Ossa fue calificado por la Fiscalía ECOH como un caso de sicariato, presuntamente encargado por un cercano a la víctima debido a un conflicto de índole personal. El fiscal Héctor Barros señaló que el crimen habría sido pactado por 30 millones de pesos, de los cuales se habrían pagado al menos cuatro millones.
La víctima fue interceptada por los tres sujetos, golpeada y luego asesinada con arma de fuego en plena vía pública.
Error procesal o falla informática
Tras conocerse la excarcelación, Gendarmería descartó un hackeo y confirmó que actuó conforme a una orden judicial vigente. El Poder Judicial reconoció una serie de inconsistencias administrativas ocurridas entre las 20:17 y las 20:28 horas del día de la formalización: en ese lapso, se emitieron tres órdenes distintas respecto al ingreso de Ferrer a prisión preventiva, producto de problemas con su identificación.
La presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, citó a una reunión urgente con el equipo informático del Poder Judicial y exigió un informe preliminar de trazabilidad del caso. Paralelamente, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Carreño, anunció una doble investigación: una administrativa, a cargo de un fiscal judicial, y otra penal, cuyos antecedentes ya fueron remitidos al Ministerio Público.
Críticas del Gobierno
El ministro de Justicia, Luis Cordero, calificó la situación como “muy grave e inexplicable”, mientras que el ministro del Interior subrogante, Jaime Gajardo, señaló que se trata de una vulneración que compromete la credibilidad del sistema.
Ambos secretarios de Estado respaldaron las investigaciones abiertas y llamaron a esclarecer con urgencia las responsabilidades tras esta liberación que, hasta ahora, mantiene al imputado prófugo.
