Más de 13 mil funcionarios públicos asistieron a casinos con licencia médica: Región de Coquimbo registra 722 ingresos
La Contraloría General de la República (CGR) encendió nuevamente las alarmas tras publicar el «Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°15», en el que se revela que 13.286 funcionarios públicos acudieron a casinos de juegos en Chile mientras se encontraban con licencia médica entre los años 2023 y 2024.
Durante el período analizado, se registraron 14.923 asistencias a recintos de juegos de azar por parte de trabajadores del Estado que, en teoría, debían estar cumpliendo reposo médico. De ese total, 1.486 funcionarios ya habían sido mencionados en un informe previo, publicado en mayo pasado, por viajar al extranjero en las mismas condiciones.
El análisis identificó que las regiones de O’Higgins (3.376 ingresos), Biobío (2.180) y Valparaíso (2.162) concentran el mayor número de visitas irregulares. Sin embargo, la Región de Coquimbo no queda fuera del fenómeno, ya que contabiliza 722 ingresos a casinos por parte de funcionarios con licencia médica, lo que representa el 5% del total.
La investigación de la Contraloría también detalla que las licencias médicas observadas corresponden a 799 entidades públicas. Las más afectadas son municipalidades (30%) y hospitales y servicios de salud (29%). Dentro del listado de organismos con mayor cantidad de licencias médicas vinculadas a ingresos en casinos, destacan:
Junta Nacional de Jardines Infantiles (516 licencias)
Fundación Integra (480)
Servicio de Salud de Concepción (332)
Servicio de Salud de O’Higgins (233)
Codelco (211)
Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (182)
El informe evidencia un patrón preocupante de uso indebido del permiso médico, el cual debiese destinarse exclusivamente al resguardo de la salud del trabajador. La CGR ha hecho un llamado a las instituciones involucradas a fortalecer los mecanismos de control interno y verificar el real estado de salud de los trabajadores durante sus períodos de reposo.
La Región de Coquimbo, si bien no lidera en número de casos, forma parte de un fenómeno nacional que ha puesto en entredicho la ética de ciertos sectores del empleo público, y que podría derivar en sanciones administrativas e investigaciones más profundas en los próximos meses.
