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Aprueban ley que frena las llamadas spam: empresas arriesgan sanciones millonarias

La nueva legislación permitirá a los consumidores solicitar que sus datos personales no sean utilizados para fines de mercadotecnia, otorgando a los clientes mayor control sobre el uso de su información.

Aprueban ley que frena las llamadas spam: empresas arriesgan sanciones millonarias

Este lunes, tras siete años de tramitación, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que busca poner fin a las llamadas telefónicas indeseadas o mas conocidas como llamadas spam, que son realizadas por empresas para ofrecer productos y servicios en Chile. La medida fue respaldada con 66 votos a favor, 22 en contra y 36 abstenciones.

La nueva legislación permitirá a los consumidores solicitar que sus datos personales no sean utilizados para fines de mercadotecnia, otorgando a los clientes mayor control sobre el uso de su información. Además, establece sanciones significativas para las compañías que no respeten esta norma, con multas que oscilan entre los $330 millones y $1.320 millones. En casos de reincidencia o agravantes, estas sanciones podrían incluso triplicarse o alcanzar el 4% de los ingresos anuales de la empresa infractora.

Creación de la Agencia de Protección de Datos Personales

El proyecto también contempla la creación de una agencia estatal dedicada a la protección de datos personales, con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de esta ley. No obstante, la iniciativa ha sido objeto de críticas. El diputado Andrés Longton (RN) calificó las sanciones como “absolutamente desproporcionadas”, argumentando que no guardan relación con la infracción cometida.

Por su parte, el subjefe de la bancada del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, consideró que las multas establecidas son impracticables y difícilmente aplicables, advirtiendo que podrían derivar en múltiples recursos de inaplicabilidad.

En respuesta a las críticas, la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, defendió la proporcionalidad de las sanciones, señalando que son «disuasivas» y alineadas con las normativas de la Unión Europea, reforzando así el compromiso del Gobierno con la protección de los derechos de los consumidores frente a las denominadas «llamadas spam».

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