Gobernadora Krist Naranjo es suspendida de su cargo por 2 Meses
La Corte suprema ratifico la suspensión de Krist Naranjo, Gobernadora de Coquimbo, por dos meses, manteniendo el 50% de su salario durante este período.
La Corte Suprema ha confirmado la suspensión de la gobernadora de Coquimbo, Krist Naranjo, en una decisión que modifica la medida inicial impuesta por la Contraloría General de la República. Originalmente fijada en tres meses, la suspensión ha sido reducida a dos meses, aunque Naranjo continuará recibiendo solo el 50% de su salario durante este periodo.
El fallo, basado en la revisión detallada del expediente administrativo, se encuentra documentado en la página 1672. La sentencia establece: “Se confirma la resolución apelada, que se lee a fojas 1672 del expediente administrativo, con declaración de que se sustituye la medida disciplinaria aplicada a doña Krist Pía Nicole Naranjo Peñaloza, de suspensión de tres meses con goce de un 50% de la remuneración mensual y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo, contemplada en el artículo 121, letra c), en relación al artículo 124, ambos de la ley No 18.834, por la de suspensión del empleo por dos meses con goce del 50% de sus remuneraciones manteniéndose las accesorias legales antes referidas”.
La sanción se deriva de varias investigaciones y procedimientos disciplinarios que descubrieron irregularidades en la gestión de Naranjo. Al confirmar esta medida, la Corte Suprema subraya la relevancia de la integridad y la responsabilidad en los cargos públicos, dejando claro que ningún funcionario está exento de rendir cuentas por sus acciones.
Durante estos dos meses de suspensión, Naranjo no podrá ejercer los derechos y prerrogativas inherentes a su cargo, incluyendo la toma de decisiones y la participación en actividades oficiales. Esta situación representa un desafío considerable para la administración de la Región de Coquimbo, que deberá adaptarse a la ausencia temporal de su máxima autoridad.
La decisión de la Corte Suprema es definitiva y establece un precedente significativo respecto a las medidas disciplinarias aplicables a los funcionarios públicos en el país.