Gobierno suspende decretos de rebaja de condenas tras polémica por delitos sexuales contra menores
El Ministerio de Justicia suspendió temporalmente los decretos de rebaja de condena y anunció cambios legales tras la polémica por 56 beneficiados.

La determinación del Gobierno se adoptó luego de las críticas generadas por los decretos que beneficiaron a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La controversia involucra al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y al procedimiento utilizado para autorizar las rebajas.
Según los antecedentes publicados por distintos medios, los beneficios correspondieron a personas cuyas condenas se relacionaban con delitos de abuso sexual y violación contra menores. El cambio legal introducido en febrero de 2022 excluyó expresamente de estas rebajas a condenados por determinados delitos sexuales contra menores, pero surgieron diferencias respecto de cómo aplicar esa restricción a sentencias anteriores.
El Ministerio de Justicia resolvió suspender temporalmente la tramitación de estos decretos tras analizar la normativa vigente e identificar dificultades legales vinculadas con la aplicación de las restricciones a condenas anteriores a 2022.
Junto con suspender la tramitación, el ministro Fernando Rabat anunció que el Ejecutivo promoverá proyectos de ley con discusión urgente para modificar los requisitos de acceso a las rebajas de condena y cerrar los vacíos legales detectados.
La agenda legislativa contempla una iniciativa propia del Gobierno y el respaldo a propuestas presentadas por parlamentarios. Entre los objetivos se encuentra establecer criterios más claros para determinar qué normativa debe aplicarse al momento de solicitar estos beneficios.
La discusión también aborda los límites constitucionales a la aplicación retroactiva de las leyes penales y el alcance de los fallos judiciales dictados en casos anteriores a la reforma de 2022. Por ello, las modificaciones deberán tramitarse en el Congreso y considerar el marco jurídico aplicable.
La suspensión anunciada corresponde a la tramitación de estos decretos y no debe confundirse con la aprobación de una nueva ley. Las medidas legislativas anunciadas buscan impedir que situaciones similares vuelvan a producirse.







