Por un solo voto: Cámara de Diputados rechaza reforma sobre detención y expulsión de migrantes ilegales
El proyecto del Ejecutivo obtuvo 88 votos a favor, uno menos de los 89 requeridos para modificar la Constitución. Un diputado PPD y otro PS, junto a seis del PDG, que el Gobierno contaba como respaldo, finalmente no votaron a favor.
La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este martes 22 de septiembre el proyecto de reforma constitucional, de iniciativa del Ejecutivo, que buscaba ampliar el plazo de detención para hacer efectiva la ejecución de expulsiones administrativas de extranjeros. La votación registró 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, quedando a un solo voto del quórum de 89 exigido, equivalente a cuatro séptimos de los integrantes de la Cámara, por tratarse de una modificación al artículo 19 N°7 de la Constitución.
El resultado significó un traspié para el Gobierno después de que el diputado José Montalva (PPD), quien había comprometido su respaldo en sala, finalmente no votara. A esto se sumó que seis diputados del PDG y el diputado Marcos Ilabaca (PS) optaron por abstenerse en lugar de apoyar la iniciativa. Fuentes al interior de la Cámara señalaron además que los permisos de los diputados Stephan Schubert y Felipe Ross, ambos de Republicanos, para acompañar al Presidente a las Naciones Unidas, ingresaron tarde, lo que también afectó el quórum disponible.
¿Qué dijo el Gobierno tras la derrota?
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, reconoció las dificultades para asegurar los votos y sostuvo que el trabajo de negociación se realiza con rigurosidad, pero que al momento de votar hay parlamentarios que no están presentes en la sala o cambian su posición, calificando la situación como un factor difícil de controlar con medidas adicionales. Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, afirmó que el Ejecutivo continuará trabajando para reunir los votos necesarios y avanzar en su agenda contra la delincuencia, y explicó que la iniciativa buscaba un objetivo práctico: ampliar el plazo con que cuentan las policías para retener a migrantes mientras se verifica o ejecuta una expulsión, además de extender un plazo ya contemplado en el artículo 127 bis del Código Penal en materia de extradición.
¿En qué consistía la reforma y qué pasa ahora?
El proyecto buscaba ampliar el plazo máximo de detención de un extranjero con orden de expulsión, actualmente fijado en cinco días, permitiendo que la ley estableciera un período de entre cinco y 60 días, renovable por otros 60 días hasta en dos oportunidades. La iniciativa contemplaba que estas extensiones fueran fundadas y contaran con mecanismos de impugnación judicial, y obligaba al Ejecutivo a presentar, dentro de los seis meses siguientes a una eventual aprobación, un proyecto para adecuar la Ley de Migración y Extranjería. El Gobierno argumentaba que los cinco días vigentes resultan insuficientes para identificar y localizar a la persona, notificarle la expulsión, obtener documentos de viaje, coordinar con el país de destino y gestionar el traslado.
Tras el rechazo, la Constitución permite, como excepción para proyectos de iniciativa presidencial, que el Mandatario solicite el envío del mensaje a la otra Cámara; si esta lo aprueba en general por dos tercios de sus miembros presentes, la iniciativa vuelve a la Cámara de origen, donde solo podría rechazarse definitivamente si también se reúnen los dos tercios. Sin embargo, el Gobierno actualmente no cuenta con los dos tercios necesarios en el Senado para utilizar esa vía.
