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El proyecto que podría cambiar las cárceles en Chile y permitir la salida de condenados por delitos graves

Proyecto de conmutación de penas en Chile: quiénes podrían salir de la cárcel si se aprueba

El proyecto de conmutación de penas en Chile volvió a instalar un intenso debate político y judicial luego de que se planteara la posibilidad de reemplazar la cárcel por reclusión domiciliaria total para determinados condenados, incluso en casos de delitos graves. La iniciativa se encuentra actualmente en tramitación en el Senado y busca establecer mecanismos para que internos con enfermedades graves, discapacidad o edad avanzada puedan cumplir sus condenas fuera de prisión.

El tema generó polémica luego de que el diputado José Carlos Meza, vocero de campaña de José Antonio Kast, defendiera públicamente la idea de aplicar este beneficio humanitario incluso a personas condenadas por delitos graves.

Proyecto de conmutación de penas en Chile: qué propone la iniciativa

El proyecto, presentado por un grupo de senadores, busca regular la suspensión o cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad cuando existan condiciones que hagan incompatible la permanencia del condenado en prisión.

La iniciativa contempla principalmente dos mecanismos:

  • Suspensión temporal de la pena, cuando el interno padezca una enfermedad mental o una condición médica grave que implique riesgo vital en prisión.
  • Reclusión domiciliaria total, aplicable a personas con enfermedades crónicas, terminales, discapacidad severa o mayores de 70 años cuya edad sumada al tiempo cumplido alcance 80 años.

Para acceder al beneficio se exigirían informes médicos del Ministerio de Salud y supervisión de Gendarmería, pero el proyecto no establece exclusiones explícitas por tipo de delito.

Los delitos graves que podrían quedar incluidos

Uno de los puntos que más controversia genera es que el texto no excluye delitos específicos, lo que abre la posibilidad de que condenados por crímenes graves puedan solicitar el beneficio.

De acuerdo con datos de Gendarmería, al 30 de junio de 2025 existían 2.518 personas privadas de libertad mayores de 60 años, de las cuales 1.975 ya estaban condenadas.

Entre ellas se registran internos condenados por delitos como:

  • violaciones a los derechos humanos
  • abuso sexual
  • violación
  • homicidio
  • parricidio

Este escenario ha llevado a críticos de la iniciativa a advertir que la norma podría terminar beneficiando a personas condenadas por delitos altamente repudiados, lo que ha intensificado la controversia política.

Casos emblemáticos que podrían solicitar el beneficio

Entre los ejemplos mencionados en el debate público aparecen algunos condenados por crímenes de alto impacto en Chile.

Uno de ellos es Julio Pérez Silva, conocido como el “psicópata de Alto Hospicio”, condenado a presidio perpetuo por múltiples homicidios.

También se menciona el caso de María del Pilar Pérez, conocida como “La Quintrala”, condenada a presidio perpetuo por homicidios planificados.

Otro nombre citado es Hugo Bustamante, condenado por el asesinato y violación de Ámbar Cornejo, quien podría eventualmente solicitar el beneficio al cumplir los requisitos de edad y salud en el futuro.

Asimismo, se ha señalado que internos condenados por violaciones a los derechos humanos, como el exagente Miguel Krassnoff, también podrían acceder a la medida debido a su edad avanzada y estado de salud.

Gobierno rechaza el proyecto

Desde el Gobierno han manifestado una fuerte oposición a la iniciativa. El ministro del Interior calificó la propuesta como “aberrante”, señalando que quienes cometen delitos graves deben cumplir sus condenas en prisión.

En la misma línea, el Ministerio de Justicia ha advertido que el sistema penitenciario ya cuenta con herramientas para enfrentar situaciones médicas complejas sin que ello implique liberar a los condenados.

Qué viene ahora con el proyecto

Por ahora, el proyecto de conmutación de penas en Chile continúa su tramitación en el Senado. Si avanza en esta etapa legislativa, deberá pasar posteriormente a la Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional.

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