El Gobierno decretó tres días de duelo nacional por el asesinato del sargento segundo de Carabineros Jaime Ariel Urrea Burgos, ocurrido en la comuna de Quilleco, Región del Biobío, mientras el funcionario atendía un procedimiento policial por violencia intrafamiliar.
De acuerdo con lo confirmado por Carabineros, Urrea Burgos fue atacado con un arma de fuego durante el procedimiento. Recibió un impacto de escopeta y fue trasladado a un recinto asistencial, donde finalmente falleció producto de las heridas. El autor del disparo quedó detenido tras el hecho.
A través de su cuenta en la red social X, el Ministerio del Interior comunicó la decisión de decretar el duelo nacional para este lunes 5, el martes 6 y el miércoles 7 de octubre, en memoria del sargento, «quien perdió la vida en el cumplimiento de su deber». La cartera extendió además su respaldo a la familia del funcionario y a la institución de Carabineros en este momento.
Kast pide «todo el peso de la ley» contra el responsable
El Presidente José Antonio Kast también se pronunció en X antes del anuncio oficial de duelo. El Mandatario lamentó la muerte del sargento, recordando que Urrea acumulaba 18 años de servicio en Carabineros de Chile, y remarcó el contexto del crimen: el funcionario se encontraba auxiliando a una víctima de violencia intrafamiliar al momento del ataque.
El jefe de Estado manifestó su respaldo a la familia del carabinero y a la institución, y fue categórico respecto de las consecuencias judiciales que debiera enfrentar el agresor: «Que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino», sostuvo.
El segundo caso de un carabinero asesinado en menos de dos semanas
La muerte del sargento Urrea se suma a la del cabo segundo Christopher Andrés Aguilera Hernández, quien fue ascendido de manera póstuma a suboficial mayor tras ser asesinado de un balazo en la cabeza el 27 de septiembre en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana. En ese caso, el atacante, un delincuente de nacionalidad venezolana, fue abatido por efectivos policiales en el lugar.
Ambos hechos ocurren con menos de diez días de diferencia y reavivan la discusión pública sobre la seguridad de los funcionarios policiales en procedimientos de riesgo, como los relacionados con violencia intrafamiliar y delincuencia armada.
