La Fiscalía Regional de Coquimbo reformalizó a cuatro personas en la investigación conocida como Papaya Gate, causa relacionada con la compraventa de terrenos realizada por el Gobierno Regional durante el período comprendido entre septiembre de 2018 y julio de 2020.

La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Garantía de La Serena, instancia en la que el Ministerio Público precisó los cargos atribuidos a los imputados por el delito de fraude al fisco y agregó una acusación por negociación incompatible respecto de uno de ellos.

Entre los reformalizados se encuentran la exintendenta regional, el exjefe de la División de Planificación y Desarrollo (Diplan) del Gobierno Regional, el exjefe del Departamento Jurídico y quien se desempeñaba como gerente de las sociedades Guayacán SpA, La Herradura SpA, La Serena SpA, El Faro SpA, Pan de Azúcar SpA y Cerro Grande SpA, todas integrantes del grupo empresarial CPS, Casas por Siempre, durante el período investigado.

Papaya Gate: Fiscalía cifra en más de $9.881 millones la compraventa investigada

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, la investigación se concentra en la compraventa de terrenos por un monto de $9.881.663.299, recursos que fueron pagados por el Gobierno Regional de Coquimbo.

El Ministerio Público sostiene que la operación habría provocado un perjuicio patrimonial no inferior a $2.000 millones, cifra que correspondería a la diferencia entre el precio finalmente pagado y el valor que, según la tesis investigativa, habría correspondido de haberse escogido alternativas de menor costo que eran conocidas por los imputados.

La Fiscalía Regional de Coquimbo asumió la investigación durante 2025 a través del sistema SAC y, en esta nueva audiencia, buscó precisar la participación que habría tenido cada uno de los investigados en los hechos.

Uno de los elementos incorporados en esta etapa corresponde al delito de negociación incompatible, atribuido al entonces administrador del Gobierno Regional y jefe de la División de Planificación y Desarrollo.

Según explicó el fiscal Eduardo Yáñez, la imputación se relaciona con que el funcionario habría sido, al mismo tiempo, socio de las empresas propietarias de los terrenos que fueron vendidos al Gobierno Regional.

El persecutor sostuvo que esta situación habría sido conocida por la exintendenta investigada.

“Lo que se hizo hoy día por parte de la Fiscalía fue reformalizar. Eso significa que se precisó la formulación de cargo respecto de los imputados investigados”, explicó Yáñez.

El fiscal agregó que esta precisión busca establecer con mayor claridad la participación que el Ministerio Público atribuye a cada uno de los imputados en la causa.

Fiscalía incorpora antecedentes sobre contrato y objeciones de Contraloría

Otro de los elementos expuestos durante la audiencia apunta al entonces jefe del Departamento Jurídico del Gobierno Regional.

De acuerdo con la Fiscalía, el abogado habría actuado teniendo conocimiento de las reiteradas objeciones formuladas por la Contraloría General de la República respecto del contrato.

El Ministerio Público sostiene que, pese a esas observaciones, se habría elaborado un último contrato que permitió a las partes, unilateralmente, realizar determinadas acciones relacionadas con la inscripción de la compraventa en el Conservador de Bienes Raíces y el retiro de los vale vista correspondientes al precio.

Según la Fiscalía, esta actuación habría facilitado el perjuicio patrimonial que se investiga.

“Básicamente ese fue el hecho que se suma y que le da mayor fuerza a la estrategia de persecución de la Fiscalía”, señaló el fiscal Yáñez.

El tribunal estableció un plazo de 60 días para el término de la investigación en esta arista.

El Ministerio Público espera que durante ese período se puedan completar las diligencias pendientes y, posteriormente, adoptar una decisión respecto de la estrategia que seguirá la causa y su eventual avance hacia una nueva etapa del proceso penal.

Arista tributaria del Papaya Gate suma 20 días de investigación

En paralelo, el caso Papaya Gate mantiene una arista tributaria que involucra a otros imputados y que también tuvo novedades durante la jornada.

En este caso, el Juzgado de Garantía de La Serena autorizó una ampliación de 20 días del plazo de investigación, debido a que aún se encuentra pendiente una diligencia solicitada por el Ministerio Público.

Se trata de información requerida al Servicio de Impuestos Internos (SII) relacionada con las declaraciones de impuestos de los imputados de esta arista.

El fiscal Freddy Salinas explicó que la ampliación fue solicitada precisamente para esperar la respuesta del organismo tributario.

“La ampliación fue solicitada por el Ministerio Público por cuanto se encuentra pendiente una diligencia, una respuesta de un oficio que se remitió al Servicio de Impuestos Internos respecto de la declaración de impuestos de los imputados”, indicó.

El nuevo plazo se extenderá por 20 días a contar de esta jornada, tras lo cual la Fiscalía espera avanzar hacia el cierre de la investigación en esta arista.

De esta manera, el denominado Papaya Gate continúa con diligencias pendientes en sus distintas líneas investigativas, mientras el Ministerio Público busca definir los próximos pasos procesales luego de la reformalización de los cuatro imputados por la primera arista.