Andes Iron da un paso atrás en la Suprema y deja vigente rechazo de Dominga
La empresa retiró los recursos de casación y de queja que mantenía ante la Corte Suprema por el proyecto minero-portuario. Con esta decisión no habrá un fallo del máximo tribunal y queda vigente lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
Andes Iron dio un giro en la disputa judicial por el proyecto minero-portuario Dominga tras desistirse de los recursos que mantenía ante la Corte Suprema.
La decisión fue formalizada este lunes 28 de septiembre, antes de que el máximo tribunal emitiera un pronunciamiento sobre las acciones presentadas por la empresa. Con el desistimiento, la Corte Suprema no resolverá estos recursos y se mantiene vigente el escenario establecido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
¿Qué resolvió Andes Iron ante la Corte Suprema?
La compañía presentó un escrito para desistirse de los recursos de casación y de queja relacionados con Dominga. La causa ya se encontraba en acuerdo en la Corte Suprema, instancia en la que los ministros habían revisado los antecedentes del caso.
Según explicó Andes Iron, el retiro de las acciones judiciales busca no obstaculizar el avance de las solicitudes de invalidación que fueron presentadas en relación con el rechazo del proyecto.
¿Qué ocurre con el rechazo de Dominga?
Con el desistimiento, no habrá una sentencia de la Corte Suprema sobre los recursos retirados por la empresa. Por ahora, se mantiene vigente lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que había confirmado el rechazo del proyecto.
De esta manera, la disputa judicial llega a un punto de cierre en esta instancia, aunque todavía existen actuaciones administrativas relacionadas con la iniciativa.
¿Qué contempla el proyecto Dominga?
El proyecto minero-portuario considera una inversión aproximada de US$2.500 millones y contempla la producción de concentrado de hierro y cobre, junto con infraestructura portuaria en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.
Dominga ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en septiembre de 2013 y desde entonces ha acumulado más de una década de tramitaciones administrativas, judiciales y controversias entre la empresa, autoridades, comunidades y organizaciones ambientales.
