Reportaje revela que militante del MIR dada por ejecutada en 1973 estaría viva en Argentina
Un reportaje emitido por CHV Noticias reabrió uno de los casos más enigmáticos de la historia reciente de Chile: el de Bernarda Vera, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quien desde 1973 figura en el listado de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos según la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
El informe oficial señala que la profesora normalista, conocida en la clandestinidad como “Anita”, fue detenida y ejecutada por militares en octubre de 1973, cuando tenía 27 años. Sin embargo, nuevas versiones apuntan a que Vera habría logrado escapar de la persecución militar, cruzado la cordillera hacia Argentina y posteriormente radicado en Suecia, donde obtuvo residencia en 1978 y ciudadanía en 1984. En 1999 habría regresado a territorio argentino, donde hoy viviría.
CHV logró ubicar a la mujer y hablar con su hijo, quien confirmó que su madre es Bernarda Vera. Aunque ella evitó dar entrevistas, fue captada por las cámaras y solo se limitó a señalar: “La persona que vino sabe lo que yo pienso”.
El caso no es nuevo para las autoridades. Según el exdetective de la PDI Sandro Gaete, el Estado chileno conocía antecedentes de su paradero desde 2007, a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, pero la información nunca fue remitida a tribunales. En 2011, la ministra Emma Díaz, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, incluso solicitó a Interpol ubicar un domicilio en Argentina vinculado a Vera, aunque la causa quedó sobreseída temporalmente.
Excompañeros del MIR, como José Bravo, han sostenido que Bernarda no fue detenida en 1973, sino que escapó junto a un grupo liderado por el militante sueco Svante Grande, con quien atravesó la cordillera.
El hallazgo de CHV no solo reabre un debate histórico, sino que también plantea interrogantes sobre los procesos oficiales de verdad y justicia en torno a las víctimas de la dictadura. El caso de Bernarda Vera, hasta ahora considerada desaparecida, podría convertirse en un precedente para revisar cómo el Estado ha tratado situaciones similares en el marco de las políticas de memoria y reparación.