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Otro caso reabre investigación por torturas contra extrabajador con TEA en Osorno

Otro caso reabre investigación por torturas contra extrabajador con TEA en Osorno

La situación que afectó a un extrabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Hospital Base de Osorno vuelve a generar impacto. Entre los años 2018 y 2020, cuando el hombre realizaba un reemplazo en el área informática del centro de salud, fue víctima de brutales vejámenes por parte de sus colegas, quienes lo ataron, raparon y quemaron con vapor. Gran parte de los ataques quedó registrado en videos y fotografías.

En 2020 se abrió un proceso sumarial contra cuatro funcionarios, pero este concluyó sin sanciones. Sin embargo, en 2024 hubo un vuelco tras una denuncia por discriminación interpuesta por una funcionaria del recinto, quien individualizó a los responsables y entregó un antecedente clave: no era el primer caso, ya que años antes los mismos hostigadores habían atacado al trabajador con TEA.

“Nosotros nos enteramos de esta situación por otra denuncia, por una denuncia de una funcionaria. Algunos de los involucrados se repetían, entonces con mayor razón debíamos actuar rápido y denunciar a la Fiscalía”, explicó el director (s) del hospital, Jorge Vargas.

La trabajadora entregó antecedentes del extrabajador y, con ello, se determinó reabrir el sumario en contra de los cuatro funcionarios identificados en los registros. El proceso administrativo ya arrojó las primeras sanciones, con notificación a los responsables, quienes tienen cinco días para apelar. Una vez cumplido el plazo, los antecedentes serán remitidos a la Contraloría.

El organismo contralor, en paralelo, ordenó someter a control extraordinario la legalidad de la resolución del hospital para verificar que el procedimiento se ajustó a derecho e indagar eventuales responsabilidades administrativas de las jefaturas.

Por su parte, la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, informó que el Ministerio Público abrió una investigación de oficio tras tomar conocimiento de los videos difundidos en redes sociales, calificando los hechos como “constitutivos de delito”. La persecutora instruyó a la PDI realizar diligencias para esclarecer los hechos y anunció que se tomará contacto con la víctima para brindarle contención.

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