Gobierno abre la puerta al uso de detectores de metal en colegios bajo condiciones específicas
Ante el aumento de hechos de violencia en recintos escolares a nivel nacional, el Gobierno ingresó una indicación al proyecto de ley de Convivencia Escolar que abre la posibilidad de instalar detectores de metal en colegios. La iniciativa, incorporada el pasado 1 de julio mediante la indicación N.°62 y ratificada por el Ministerio de Educación, autoriza el uso de recursos tecnológicos para identificar armas, artefactos incendiarios u objetos peligrosos, siempre que su aplicación esté debidamente justificada.
“Esta medida solo procederá cuando existan antecedentes fundados que justifiquen su utilización como proporcional, necesaria e idónea”, establece el documento oficial, en concordancia con la Ley N° 21.659 sobre seguridad privada.
La decisión responde a preocupaciones ciudadanas y casos recientes de extrema violencia, como la balacera ocurrida en un liceo de San Pedro de la Paz, donde tres estudiantes resultaron heridos. Sin embargo, el debate en torno a la efectividad y consecuencias de la medida sigue generando divisiones tanto en el Congreso como en el Ejecutivo.
Divergencias en el Ejecutivo y el Congreso
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, fue enfático en señalar que esta apertura “no representa un cambio de postura”, afirmando que los detectores de metal no son vistos como una solución técnicamente eficiente. Aun así, reconoció la necesidad de debatir ante la presión social:
“No se puede banalizar la violencia escolar, pero tampoco transformar los colegios en espacios de control policial”, sostuvo.
En la misma línea, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió que estas medidas deben aplicarse con equilibrio y dentro de un marco legal que respete la dignidad de los estudiantes.
Desde la oposición, en cambio, han valorado la iniciativa como una herramienta necesaria. Algunos diputados insisten en su implementación inmediata ante la gravedad de los hechos, señalando que las tecnologías pueden tener un efecto disuasivo.
Apoyo municipal, pero con enfoque integral
Una de las voces más claras en respaldo de la medida es la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, quien participó en la Comisión de Seguridad Pública en junio, en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).
“Los pórticos detectores de metal pueden ser útiles, pero deben ir acompañados de inversión en seguridad, apoyo técnico y programas de prevención”, afirmó.
Valenzuela destacó que existe un consenso transversal entre alcaldes del país que consideran estos recursos como parte de un enfoque más amplio para abordar la crisis en las aulas.
¿Ambiente seguro o ambiente policial?
A pesar de las intenciones, las dudas persisten. Diversos actores del mundo educativo y parlamentario han alertado sobre los riesgos de transformar los establecimientos en espacios de vigilancia permanente, lo que podría vulnerar derechos fundamentales como la privacidad y la integridad de niños, niñas y adolescentes.
Un caso reciente ocurrió en Temuco, donde la Superintendencia de Educación sancionó al municipio por instalar un pórtico detector sin autorización ni protocolos adecuados. Esta acción fue considerada como una violación a la dignidad de los estudiantes.
Desde el Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider sostuvo que no existe evidencia concreta que avale la eficacia de estas herramientas en la disminución de hechos de violencia.
