Condenan a exfuncionario municipal de La Serena por cohecho y negociación incompatible en obras del estadio La Portada
En un fallo unánime, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena condenó al exfuncionario municipal J.C.A.R. por su responsabilidad en los delitos consumados de negociación incompatible y cohecho, perpetrados mientras se desempeñaba en la Municipalidad de La Serena entre mayo de 2015 y febrero de 2016.
Según estableció la sentencia, el condenado gestionó de manera irregular la contratación directa de un constructor, interviniendo en el desarrollo de diversas obras ejecutadas en el estadio La Portada, en el marco de los eventos deportivos Copa América 2015 y Mundial Sub-17, beneficiándose económicamente en el proceso.
El tribunal —integrado por los magistrados María Inés Devoto Torres, Claudio Weishaupt Milner y Ana Marcela Alfaro Cortés— impuso a J.C.A.R. una pena de 41 días de presidio por negociación incompatible, además de la inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos por cinco años y una multa de $4.162.627.
Asimismo, por el delito de cohecho, se le sentenció a 21 días adicionales de reclusión, suspensión de funciones públicas por 60 días y el pago de otra multa por $4.500.000. Ambas penas privativas de libertad fueron sustituidas por la remisión condicional, la cual se mantendrá por el plazo de un año, con control de Gendarmería de Chile.
El fallo acredita que el acusado tomó interés directo en las obras contratadas, solicitando al constructor elevar artificialmente los presupuestos y facilitándole dineros de su propio peculio. En paralelo, exigió pagos en tres oportunidades a cambio de la aprobación de facturas por obras ejecutadas, recibiendo al menos $15 millones por estos conceptos.
El tribunal destacó que “las actuaciones del funcionario estaban teñidas de subjetividad y que tomó interés en los negocios”, privilegiando su beneficio personal por sobre los intereses del servicio público. Además, se comprobó que estas prácticas se intensificaron con el tiempo, lo que motivó al contratista a realizar denuncias ante distintas entidades.
Finalmente, el tribunal concluyó que, aunque se logró acreditar pagos por $15 millones, las exigencias fueron superiores, actuando con ello con pleno conocimiento y voluntad del perjuicio a la institucionalidad pública.
