Tras falsas amenazas de bomba, Carabineros revela que el 70% de llamadas al 133 no son reales
Una serie de falsas alertas por amenazas de bomba y tiroteos sacudió esta semana a instituciones de La Serena y Ovalle, obligando a activar protocolos de seguridad y desplegar recursos policiales y de emergencia ante situaciones que finalmente resultaron infundadas.
El episodio más reciente ocurrió este martes en el Liceo Gabriela Mistral de La Serena, que recibió una denuncia anónima por redes sociales sobre un presunto tiroteo programado para el horario de almuerzo. La amenaza movilizó a Carabineros, quienes instalaron una patrulla de punto fijo para resguardar el recinto mientras se evaluaba la veracidad del aviso.
Esta situación se produjo a menos de 24 horas de otra falsa amenaza en el colegio Altovalsol, donde fue encontrado un mensaje manuscrito que advertía sobre un supuesto artefacto explosivo. Ambos establecimientos educativos activaron sus respectivos protocolos, en coordinación con el Servicio Local de Educación Pública Elqui.
En paralelo, un aviso de bomba —difundido también por redes sociales— obligó a evacuar la Feria Modelo de Ovalle, uno de los puntos más concurridos de la ciudad. El procedimiento fue ejecutado por el GOPE de Carabineros, sin encontrar indicios reales de peligro.
“Lo más grave es que se movilizan equipos de élite, se destinan recursos humanos y logísticos que podrían estar salvando vidas en otra parte. ¿Qué pasa si en el aeropuerto se da una amenaza real y no hay personal disponible porque está respondiendo a una broma? Ahí sí habría consecuencias lamentables”, advirtió Adio González, seremi de Seguridad Pública, quien no descartó que el Gobierno se querelle si se identifica a los responsables.
Por su parte, el subteniente Sebastián Riedel, de la Oficina de Análisis de Carabineros en la Región de Coquimbo, señaló que este tipo de falsas alertas no son aisladas. En lo que va de 2024, de las 365.805 llamadas recibidas en la central de Carabineros, 255.385 no derivaron en procedimientos reales, lo que representa un 69,8% de comunicaciones inoficiosas.
“El uso irresponsable del sistema puede significar que una persona en emergencia real no reciba ayuda a tiempo. Es fundamental generar conciencia sobre la gravedad de estos actos”, sostuvo Riedel.
Desde Bomberos de La Serena, su superintendente Ángelo Pizarro anunció que próximamente implementarán un sistema para detectar y clasificar estas “pitanzas”, que en algunos casos alcanzan hasta el 80% del total de llamadas. “Muchas provienen de niños o de adultos con trastornos no diagnosticados, pero su impacto es el mismo: ralentizan la atención y ponen en riesgo a la ciudadanía”, afirmó.
A nivel legal, el diputado Juan Manuel Fuenzalida indicó que el Ministerio Público debe investigar estos hechos, ya que podrían constituir delitos sancionables incluso bajo el marco de la Ley Antiterrorista, especialmente si generan pánico colectivo. “No se trata solo de castigar más, sino de actuar con firmeza cuando hay manipulación del miedo y amenaza a la seguridad pública”, subrayó.
Finalmente, el general (R) y experto en criminología Jorge Tobar explicó que las policías siempre deben asumir estas amenazas como reales, incluso si parecen dudosas. “Es un deber actuar preventivamente, porque una negligencia puede costar vidas. Las falsas alarmas deben tratarse con el mismo rigor penal que corresponde a quienes alteran deliberadamente la paz pública”, puntualizó.
