“Papaya Gate”: Fiscalía formaliza a exintendenta Lucía Pinto y solicita prisión preventiva por fraude al fisco

Este lunes comenzó la formalización de los implicados en el denominado caso “Papaya Gate”, uno de los escándalos de corrupción más emblemáticos en la historia reciente de la Región de Coquimbo. La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, imputó el delito de fraude al fisco a la exintendenta Lucía Pinto, al exadministrador regional José Cáceres Rojas, y al gerente de Empresas CPS, Pablo Bracchitta, solicitando para ellos las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Además, se formalizó por delitos tributarios a los empresarios Lorenzo Iduya Ortiz de Luzuriaga, Nicolás Bakulic, Karim Daire Daud, Manuel Daire Daud, y al abogado Luis Gastón Yver Hudson. Para ellos, la Fiscalía solicitó firma mensual y arraigo nacional, con una autorización especial para Bakulic, quien podrá viajar a España por motivos laborales hasta el 30 de junio, previa entrega de una fianza de $10 millones.

La fiscal Perivancich explicó que la investigación ha reunido abundante evidencia que da cuenta de un complejo entramado de sociedades destinado a simular pérdidas y reducir el pago de impuestos, todo a propósito de una transacción de terrenos con el Gobierno Regional que finalmente habría generado un importante daño fiscal.

“Estamos imputando fraude al fisco y delitos tributarios vinculados a maniobras que buscaban rebajar artificialmente la base imponible. Esto, en el marco de una compra con sobreprecio por parte del Gobierno Regional”, señaló la fiscal.

Por su parte, Javier Rojas, abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), solicitó la prisión preventiva de Pinto, Cáceres y Bracchitta, argumentando que los imputados “constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad”, considerando que el delito imputado tiene una pena probable de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, desde 5 años y un día.

Rojas aseguró que existe claridad sobre el actuar doloso de los imputados: “Sabían que el precio de los terrenos era mucho menor. Existían tasaciones por cerca de $4 mil millones, pero terminaron pagando casi $10 mil millones. Esto fue una decisión consciente de pagar un sobreprecio”, afirmó.

El senador por la región de Coquimbo, Daniel Núñez, también querellante en el caso, calificó los hechos como “un fraude al fisco que involucra directamente a autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera”. El parlamentario pidió que se acoja la solicitud de prisión preventiva contra los acusados, destacando que “la corrupción no puede tener cabida en la región de Coquimbo”.

Durante la primera jornada de audiencia, tanto la Fiscalía como el CDE expusieron extensamente los antecedentes del caso, los cuales dan cuenta de que en 2019 se realizó la compra de terrenos a sabiendas de su sobreprecio, con el supuesto fin de construir un proyecto deportivo en el sector oriente de La Serena.

El proceso de formalización continuará este martes, jornada en la que el Juzgado de Garantía de La Serena decidirá si acoge o no la solicitud de prisión preventiva para las exautoridades de Piñera y el empresario involucrado.