Fiscalía expone audios clave contra Medina Ladera en caso del femicidio de Ana María Pizarro
El juez de Garantía de La Serena, Pedro Rojas, aprobó la solicitud de extradición activa de Medina Ladera, quien se encuentra bajo custodia en el estado de Carabobo, Venezuela.
La Fiscalía Regional de Coquimbo ha formalizado en ausencia a José Medina Ladera, un sujeto detenido en Venezuela, por su implicación en los homicidios de dos mujeres en La Serena. Durante la audiencia, el Fiscal Regional (s) Eduardo Yañez y el fiscal de focos Nicolás Zolezzi imputaron a Medina Ladera por un homicidio calificado y un femicidio íntimo.
El juez de Garantía de La Serena, Pedro Rojas, aprobó la solicitud de extradición activa de Medina Ladera, quien se encuentra bajo custodia en el estado de Carabobo, Venezuela. La fiscalía le atribuye la muerte de María José Zambra en octubre de 2019 y el femicidio de Ana María Pizarro, ocurrido en abril de 2025.
En la audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas que, según el juez, acreditan la existencia de los delitos y la participación de Medina Ladera, así como la necesidad de medidas cautelares. «La libertad del imputado representa un peligro para la sociedad», afirmó el magistrado, quien también destacó el riesgo de fuga del acusado, quien abandonó el país tras enterarse de la investigación en su contra.
El juez Rojas aclaró que la discusión sobre la respuesta de Venezuela no corresponde a su tribunal, y que la Cancillería será la encargada de resolver cualquier cuestión relacionada con la legislación venezolana. La decisión final sobre la extradición recaerá en la Corte de Apelaciones de La Serena.
Amenazas por audio: “Tus hijitas van a sufrir las consecuencias”
Durante la audiencia, se presentaron audios en los que Medina Ladera amenaza a la hija de Ana María Pizarro, instándola a desistir de la investigación. En uno de los registros, el imputado advierte: «Las que van a sufrir las consecuencias van a ser tus hijitas». También amenazó a otra mujer que ayudó a reenviar el mensaje, asegurando que si el audio llegaba a la Policía de Investigaciones (PDI), ella también pagaría las consecuencias.
