Caso Ana María Pizarro: leyes venezolanas frenan la extradición del principal sospechoso
Aunque Chile exige su entrega por el brutal crimen de Ana María Pizarro, la Constitución venezolana prohíbe extraditar a sus ciudadanos, abriendo un complejo escenario judicial internacional.
La captura de José Alejandro Medina Ladera, principal sospechoso del homicidio y descuartizamiento de Ana María Pizarro en La Serena, ha generado un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia. Medina Ladera fue detenido en Carabobo, Venezuela, gracias a la colaboración entre la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), INTERPOL y las autoridades venezolanas. Sin embargo, su extradición a Chile se presenta como un desafío legal significativo.
El presunto autor del macabro crimen, que también estária vinculado al femicidio de María José Zambra en 2019. Ambos casos comparten similitudes inquietantes, ya que los cuerpos de las víctimas fueron encontrados desmembrados, lo que ha llevado a los expertos a señalar rasgos narcisistas en el comportamiento del presunto homicida.
A pesar de que la Fiscalía chilena planea solicitar su extradición, la situación se complica debido a la Constitución bolivariana, que prohíbe la extradición de nacionales. El artículo 69 de la Carta Magna de Venezuela establece el derecho al asilo y detalla que esta acción legal no es aplicable a los ciudadanos venezolanos.
El fiscal nacional venezolano, Tarek William Saab, ha afirmado que no existe un tratado de extradición vigente con Chile, contradiciendo las declaraciones de la exministra del Interior chilena, Carolina Tohá, quien aseguró que ambos países tienen un acuerdo firmado en 1962. Sin embargo, la evidencia legal respalda la postura chilena: el Tratado de Extradición entre Chile y Venezuela fue suscrito el 2 de junio de 1964 y ratificado por ambos países, estableciendo la cooperación judicial para la entrega de procesados o condenados.
El artículo 3 del tratado indica que «los Estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales». Si Venezuela decide rechazar la extradición de Medina Ladera por su nacionalidad, estará obligada a juzgarlo localmente, lo que requerirá que Chile proporcione las pruebas del crimen. La situación plantea un dilema legal que podría prolongar el proceso de justicia para las víctimas y sus familias.
