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Corte de La Serena confirma millonaria indemnización a funcionaria por acoso laboral en Fiscalía Regional

Corte de La Serena confirma millonaria indemnización a funcionaria por acoso laboral en Fiscalía Regional

En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de La Serena rechazó el recurso de nulidad presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del Ministerio Público, y confirmó la sentencia que condenó a este último al pago de $15.870.488 por concepto de daño moral a una funcionaria de la Fiscalía Regional de Coquimbo, quien fue víctima de acoso laboral.

La Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Iván Corona Albornoz, Carlos Jorquera Peñaloza y la abogada (i) Carolina Salas Salazar– concluyó que no se cometieron infracciones legales en la sentencia original del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, que también ordenó realizar una capacitación obligatoria sobre clima laboral y prevención del acoso a todo el personal de la fiscalía.

Según el fallo, los hechos ocurrieron en el marco del proceso de calificación de desempeño del año 2022, en el que se acreditó una afectación a los derechos fundamentales de la trabajadora. “Existió una afectación de derechos fundamentales a propósito de los actos ocurridos con ocasión de la calificación de desempeño”, indica la resolución.

El tribunal descartó que se hubieran vulnerado normas legales en la valoración de las pruebas, señalando que las pretensiones del recurrente apuntaban más bien a una discrepancia sobre la interpretación del juez de primera instancia, lo cual corresponde a un recurso de apelación y no a uno de nulidad.

Finalmente, el tribunal resolvió: “Se RECHAZA sin costas, el recurso de nulidad deducido por la parte demandada (…) la que en consecuencia no es nula, como tampoco lo es el procedimiento que le sirve de antecedente”.

Este fallo reafirma la responsabilidad del empleador en resguardar el clima laboral y reconoce la validez de las pruebas presentadas por la trabajadora, consolidando así un precedente relevante en materia de derechos laborales en el sector público.

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