Nueva medida migratoria obligaría a Fonasa, Isapres y colegios a reportar extranjeros irregulares
La medida fue ingresada al Senado y obligaría a entidades de salud, educación y previsión a entregar datos de extranjeros con procesos migratorios en trámite.
El Gobierno ingresó una nueva indicación al proyecto que modifica el sistema de expulsiones administrativas en Chile, proponiendo que instituciones públicas y privadas de salud, educación y previsión deban reportar información de extranjeros irregulares a las autoridades migratorias.
La iniciativa fue presentada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto al director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, durante la discusión del proyecto en la Comisión de Gobierno del Senado.
La propuesta establece que organismos como Fonasa, Isapres, hospitales, consultorios, colegios, jardines infantiles y AFP estarán obligados a entregar antecedentes solicitados por la autoridad migratoria y la Contraloría, incluyendo domicilio, teléfono, correo electrónico y otros datos relevantes de extranjeros con procedimientos migratorios en curso.
Durante la presentación, el Ejecutivo señaló que la medida busca fortalecer el control sobre la migración irregular en Chile, utilizando la información recopilada en servicios públicos y privados para acelerar procesos de expulsión y fiscalización.
Proyecto apunta al control de extranjeros irregulares mediante datos de salud y educación
La indicación forma parte del proyecto que perfecciona las expulsiones administrativas y actualmente se encuentra en segundo trámite legislativo en el Senado.
El texto establece que “todo órgano de la Administración del Estado, institución previsional o de salud pública o privada, y establecimientos educacionales públicos o privados” deberán colaborar con la autoridad migratoria cuando exista un requerimiento formal relacionado con extranjeros en situación irregular.
El senador Andrés Longton afirmó que la medida permitiría detectar casos de personas sin documentación regular trabajando o utilizando beneficios estatales sin control migratorio, además de facilitar sanciones y expulsiones.
Dentro del debate también surgieron cuestionamientos por el eventual impacto en menores de edad y familias extranjeras que acceden a servicios básicos como salud y educación.
La diputada Carolina Tello advirtió que los niños no pueden ser utilizados como mecanismo de persecución migratoria, especialmente en establecimientos educacionales.
Qué impacto tendría la medida en salud y educación
La propuesta genera preocupación debido a que podría modificar la relación entre los servicios públicos y los extranjeros que actualmente utilizan prestaciones estatales en Chile.
El Ejecutivo sostiene que la finalidad es ordenar el acceso a beneficios y conocer quiénes utilizan el sistema público, especialmente en áreas donde existe alta demanda de atención.
Actualmente, las cifras oficiales indican que más de 336 mil extranjeros se encontrarían en situación migratoria irregular en el país, mientras que la población migrante total supera los 1,9 millones de personas.
El proyecto también establece que los antecedentes entregados por las instituciones deberán mantenerse bajo reserva y utilizarse exclusivamente para fines migratorios específicos, respetando la normativa de protección de datos personales.
En las próximas semanas la Comisión de Gobierno del Senado continuará revisando las indicaciones presentadas al proyecto, mientras el debate político y social sobre la expulsión de migrantes irregulares y el acceso a servicios públicos sigue escalando en el país.
