Municipio de Combarbalá enfrenta críticas por trato directo con exfuncionario sin autorización del Concejo
La alcaldesa de Combarbalá, Marta Angélica Carvajal (IND), enfrenta un complejo escenario político y administrativo tras el rechazo unánime del Concejo Municipal a un acuerdo extrajudicial que buscaba resolver una millonaria demanda laboral con un exfuncionario de confianza.
Se trata de Francisco Villagrán, quien se desempeñaba como encargado de Comunicaciones y administrador del Observatorio Cruz del Sur, y que presentó una demanda por despido injustificado por más de $26 millones. Sin embargo, la jefa comunal optó por negociar directamente —sin autorización del Concejo, como exige la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades— y acordó un pago reducido de $13.500.000 para zanjar el conflicto.
Aunque la cifra representaba un ahorro importante para las arcas municipales, los concejales advirtieron que el procedimiento utilizado es ilegal, ya que omitió el pronunciamiento obligatorio del cuerpo colegiado. Así lo expresaron en una sesión extraordinaria realizada este martes, donde además se reveló un antecedente clave: el despido de Villagrán se produjo mientras estaba bajo sumario administrativo por presuntas faltas graves.
Según explicó el concejal Nelson Pizarro (IND-Republicano), la desvinculación se adelantó sin concluir la investigación interna, lo que podría haber derivado en una eventual destitución sin indemnización, evitando así cualquier pago por concepto de despido. «Es un actuar negligente y apresurado, más aún cuando hay cargos graves en evaluación», afirmó.
Denuncia ante la Fiscalía y más irregularidades
A la controversia se sumó una carta fechada el 28 de julio y dirigida al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en la que el docente Mario Vega Ibáñez solicita una investigación formal contra Villagrán por presuntas irregularidades administrativas mientras estuvo a cargo del observatorio.
Entre las denuncias detalladas se incluyen la desaparición de equipos municipales, faltantes de dinero, rendiciones no justificadas, pérdida de tickets y la inexistencia de bitácoras, según un informe elaborado por el actual administrador del recinto astronómico, Rodrigo Marín Báez.
Estos nuevos antecedentes refuerzan las críticas de los concejales, quienes calificaron el acuerdo como “ilegal” y manifestaron su preocupación por el proceder de la alcaldesa y su equipo de asesores. Además, no descartan recurrir a la Contraloría General de la República para revisar el actuar de la jefatura comunal y posibles sanciones administrativas.
