Viajes durante licencias médicas: Fiscalía detecta a 10 fiscales y 32 funcionarios involucrados
La División de Contraloría Interna de la Fiscalía fue la encargada de levantar el informe que abarca el período entre 2022 y 2025.
Una nueva arista en la creciente trama de irregularidades en el uso de licencias médicas sacude al aparato estatal. Esta vez, el Ministerio Público confirmó que 42 de sus funcionarios con contrato vigente viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica por reposo, una situación que compromete directamente la probidad institucional.
La División de Contraloría Interna de la Fiscalía fue la encargada de levantar el informe que abarca el período entre 2022 y 2025. La investigación detectó que 10 fiscales y 32 trabajadores pertenecientes a otras áreas, como administrativos, abogados asistentes, técnicos y auxiliares, incurrieron en esta práctica.
Los casos se distribuyen en 11 regiones del país, y serán las respectivas jurisdicciones las encargadas de llevar adelante las investigaciones administrativas y posibles sanciones. Si bien el informe señala que no hay funcionarios activos dependientes directamente de la Fiscalía Nacional implicados, el hecho vuelve a poner en tela de juicio los mecanismos de control dentro del servicio público.
La revisión interna del Ministerio Público surge tras una alerta emitida por la Contraloría General de la República, a través de su noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), que reveló que 25.078 funcionarios públicos realizaron viajes al extranjero entre 2023 y 2024 mientras estaban con licencia médica.
El informe de Contraloría ha generado un verdadero terremoto institucional, con renuncias, sumarios administrativos y revisiones internas en múltiples entidades públicas. En total, 777 instituciones figuran como involucradas en esta práctica irregular. Entre ellas, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) encabeza la lista con 2.280 casos, seguida por la Fundación Integra con 1.934, y la Municipalidad de Arica con 719 funcionarios en esta situación.
Frente a este escenario, Contraloría ya se encuentra revisando los antecedentes de Capredena y Dipreca, entidades que administran pensiones y salud para las Fuerzas Armadas y Carabineros, respectivamente. En paralelo, el Congreso Nacional también activó una investigación propia, designando abogados para indagar si existen funcionarios o parlamentarios involucrados.
Desde el Ministerio Público, el organismo enfatizó su compromiso con la transparencia, el control interno y el cumplimiento estricto de las normas que rigen al funcionariado público, en un intento por contener los efectos reputacionales de este escándalo.
