La Serena: Ordenan indemnizar a funcionaria por acoso laboral ejercido por exgobernadora Krist Naranjo
Tribunal ordenó pago de \$12 millones por daño moral, restitución en el cargo y capacitación obligatoria al personal sobre derechos fundamentales.
El Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena acogió una demanda de tutela laboral por acoso psicológico en contra del Gobierno Regional de Coquimbo, y condenó a la institución a pagar una indemnización de \$12.000.000 a una funcionaria que sufrió hostigamiento reiterado por parte de la exgobernadora Krist Naranjo Peñaloza entre 2022 y 2024.
La sentencia, dictada por la magistrada Karen Alfaro López, establece que la víctima fue sometida a una serie de conductas sistemáticas de violencia psicológica en el ejercicio de sus funciones como jefa subrogante, lo que incluyó su aislamiento de decisiones relevantes, exclusión de reuniones que le correspondían y un traslado injustificado de funciones, situación que vulneró su derecho fundamental a la integridad psíquica.
El tribunal también ordenó dejar sin efecto el cambio de funciones impuesto a la trabajadora a fines de 2023, exigiendo su restitución al cargo en un plazo de cinco días desde que la sentencia quede ejecutoriada.
Además, como medida reparatoria, el Gobierno Regional deberá impartir una capacitación obligatoria a todo su personal sobre derechos fundamentales en la administración pública. Esta actividad deberá ser impartida por un profesional con grado de magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social, con publicaciones académicas en la materia, y deberá durar al menos 12 horas, incluyendo tres sesiones presenciales, en un plazo máximo de cuatro meses.
En su resolución, el tribunal fue enfático en señalar que la exgobernadora Naranjo incurrió en lo que la doctrina describe como «aislamiento de la víctima», al impedir que la denunciante participara en decisiones propias de su rol y desplazarla sin fundamento a un puesto de menor jerarquía, pese a contar con mayor antigüedad en su unidad.
“La denunciante fue cambiada de funciones y desplazada a un cargo de menor complejidad, generando una afectación psicológica que fue acreditada por la Mutual de Seguridad como enfermedad profesional”, indicó la jueza Alfaro.
El tribunal rechazó, en cambio, la denuncia por vulneración de la integridad física, honra y discriminación, y resolvió que cada parte costeará sus gastos judiciales.
