Parlamentarios quedan fuera de la ley que obliga a jubilar a funcionarios mayores de 75 años

La reciente implementación de una cláusula en la ley de Reajuste del Sector Público ha desatado un intenso debate. Esta normativa obliga a los funcionarios públicos mayores de 75 años a retirarse de sus puestos, generando opiniones encontradas entre los distintos sectores. Mientras que algunos ven la medida como un paso necesario hacia la renovación del personal, otros la critican como una política «anti vejez» que ignora la valía y capacidad de los trabajadores mayores.

Es importante destacar que ciertos grupos, como notarios, parlamentarios y ministros de Estado, están excluidos de esta norma, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre la equidad de la medida. La decisión ha sido interpretada por muchos como un mensaje negativo hacia el sector privado, sugiriendo que no es necesario contratar a personas mayores, lo que podría perpetuar estereotipos anacrónicos sobre la edad.

Según datos del último Censo, el 20% de la población está compuesta por personas mayores, y se estima que alrededor de tres mil funcionarios públicos superan los 75 años. Eduardo Toro, Director de la Fundación Conecta, enfatiza la necesidad de un cambio cultural: «Las personas mayores no están esperando a morir; están más vigentes que nunca. Al alcanzar la edad de jubilación, aún les quedan 20, 30 o 40 años de vida por delante».

Desde el gobierno, se reconoce el descontento generado por la medida. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha señalado que la fecha de implementación de la normativa, prevista para 2027, brinda tiempo suficiente para considerar las preocupaciones planteadas, especialmente en el ámbito universitario. «Es un tema que hay que considerar y hay tiempo suficiente para hacerlo», afirmó Marcel.