Desarticulan banda criminal que exportaba cobre robado desde Chile

Un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público permitió la desarticulación de una banda criminal dedicada al robo, comercialización y exportación ilegal de cobre. La operación, denominada “Oro Rojo”, se desarrolló en distintas regiones del país, incluyendo Coquimbo, Calama y Santiago, y logró desentrañar una red con conexiones internacionales hacia países como India y Bélgica.

Según informó el prefecto inspector Ernesto León, jefe de la Región Policial de Coquimbo, la organización inició sus actividades delictivas en La Serena, donde se detectaron los primeros casos de receptación de cobre. Posteriormente, el material era trasladado a Calama, luego a Coquimbo, y finalmente a fundiciones en Santiago, donde los cables eran procesados y preparados para su exportación.

El operativo concluyó con la detención de 18 personas, siete de ellas extranjeras. Además, se incautaron 160 millones de pesos en efectivo, diez vehículos, moneda extranjera y un par de motocicletas.

Pablo Zambrano, Director Regional de Aduanas, destacó la colaboración interinstitucional en la lucha contra este delito:

“El trabajo conjunto entre Aduanas, la fiscalía y la PDI busca erradicar el robo de cobre, abordando todas las aristas del delito. En este caso, también se descubrió un intento de exportación ilegal del metal robado. Esta labor se realiza a nivel nacional, compartiendo información entre aduanas y utilizando todas las herramientas legales disponibles. El robo de cobre es uno de los ejes clave en las mesas de crimen organizado lideradas por las delegaciones presidenciales”.

El Delegado Presidencial Regional, Galo Luna Penna, también valoró el golpe a la organización, subrayando que el robo de cables de cobre ha sido priorizado en la región:

“Decidimos incorporarlo como un delito relevante, porque afecta directamente la calidad de vida de muchas personas, especialmente en sectores rurales, donde estos robos dejan incomunicadas a comunidades enteras”.

Por su parte, la Seremi (i) de Seguridad Pública, María José Rojas Erbetta, destacó el carácter interregional e internacional del operativo:

“Este delito ha estado afectando a distintas regiones, y gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio Público, la PDI y Aduanas, logramos desarticular una banda de alcance internacional”.

El Juzgado de Garantía otorgó un plazo de 90 días para el cierre de la investigación, periodo en el cual se analizará, entre otras diligencias, la información contenida en los teléfonos celulares incautados durante el procedimiento.