PapayaGate y la crisis sanitaria: la region de Coquimbo en el ojo del huracán

En septiembre de este año se cumplen cinco años desde que explotó el denominado caso PapayaGate, un escándalo de corrupción que involucra la compra irregular de terrenos en La Serena por un monto de $9.800 millones. A pesar del tiempo transcurrido, la investigación penal liderada por la fiscal de Valparaíso, Claudia Perivancich, aún no tiene formalizados.

Según la información del medio El Mostrador, fuentes cercanas indican que hay una alta posibilidad de que la Fiscalía formalice a algunos involucrados y se inicie el juicio oral. Sin embargo, la tardanza en la investigación ha generado críticas de distintos sectores, quienes demandan avances concretos en el caso.

El fraude al Fisco se habría cometido durante el 2019, cuando la intendenta de la época, Lucía Pinto, aprobó la compra de terrenos pese a que la Contraloría General de la República había objetado la operación en tres ocasiones. Desde el ámbito administrativo, la Contraloría sancionó a Pinto, a su exmano derecha, José Cáceres, y a otros funcionarios.

El Ministerio Público ha recibido fuertes cuestionamientos por la lentitud del proceso. El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, manifestó su molestia ante la falta de resultados. “Han pasado cinco años desde que estalló el PapayaGate, el mayor fraude al Fisco en la historia de la Región de Coquimbo, y la Fiscalía aún no imputa a los principales responsables. La impunidad no puede seguir siendo la norma”, criticó.

La investigación cuenta con tres querellas presentadas por el Consejo de Defensa del Estado, el propio senador Núñez y el Servicio de Impuestos Internos. Desde la Fiscalía de Valparaíso, señalaron que la investigación “se encuentra en etapa de toma de decisiones” y que estas serán adoptadas en las próximas semanas.

Falencias en la atención de la diabetes infantil en la región

En paralelo a la demora en el caso PapayaGate, otra situación genera preocupación en la Región de Coquimbo: la falta de entrega de bombas de insulina a menores con diabetes tipo 1. A pesar de que este tratamiento está contemplado en la Ley Ricarte Soto y dentro de las Garantías Explícitas de Salud (GES), ningún niño en la región ha recibido este insumo desde que la ley comenzó a operar en 2017.

Pedro Araya, padre de un menor con diabetes tipo 1 y presidente de la organización PANADIS, denunció que hay niños que no han recibido control médico en ocho meses. “La diabetes tipo 1 es una enfermedad GES y el Estado debe garantizar la atención. Si el hospital no lo hace, deben buscar otras formas de brindar estos controles periódicos”, afirmó.

PANADIS, conformada por 72 familias, trabaja en la educación sobre la enfermedad y en exigir una mejor atención de salud. “La educación es el tratamiento”, enfatiza Araya, quien sostiene que muchas familias enfrentan la enfermedad sin información ni apoyo del sistema de salud.

Crisis en la Seremía de Salud

Otra controversia en la región es la falta de un seremi de Salud titular. Desde la renuncia de Alexis Valenzuela en diciembre de 2024, han pasado cinco meses sin que el Gobierno nombre un reemplazo definitivo.

La ausencia de liderazgo en la cartera sanitaria ha generado críticas, sobre todo en un contexto de alerta por virus respiratorios y desabastecimiento de medicamentos en La Serena. Parlamentarios de distintas bancadas han exigido una pronta designación, acusando negligencia del Ejecutivo.

El senador Matías Walker (Demócratas) calificó la situación como “inaceptable”, mientras que el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) anunció que oficiará al Ministerio de Salud para exigir respuestas. Por su parte, el diputado Víctor Pino denunció “un abandono del Estado” hacia la región en materia sanitaria.

Desde el Gobierno, la vocera regional Paulina Mora defendió la gestión del equipo interino y aseguró que la designación del nuevo seremi está en curso. “El proceso de selección requiere cumplir requisitos específicos, lo que puede demorar más de lo esperado”, explicó.