Ovalle: Cuestionan a abogados municipales por defensa en casos de narcotráfico
Andrés Guerra, candidato a gobernador regional y miembro del Partido Republicano acusó a la Municipalidad de Ovalle de contratar a dos abogados que habrían defendido casos relacionados con el narcotráfico.
Una denuncia de gran magnitud fue presentada ante la Contraloría General de la República por Andrés Guerra, candidato a gobernador regional y miembro del Partido Republicano.
En un reportaje de Diario El Ovallino, se reveló que Guerra acusó a la Municipalidad de Ovalle de contratar a dos abogados que habrían defendido casos relacionados con el narcotráfico. El candidato calificó la situación como «extremadamente grave» y exigió que se aclare la relación entre el municipio y estos profesionales.
El ingeniero y candidato compartió la denuncia a través de sus redes sociales, indicando que su objetivo es que se investigue cualquier posible relación entre los abogados contratados y el crimen organizado, lo que podría implicar tráfico de influencias o manejo de información privilegiada. Guerra enfatizó la necesidad de evitar cualquier nexo entre la administración pública y el narcotráfico, señalando que estos vínculos dañan la transparencia y la credibilidad del municipio.
En declaraciones a El Ovallino, Guerra expresó: “Es impresentable que abogados que actualmente se desempeñan en el municipio de Ovalle defiendan y representen a personas investigadas por delitos de narcotráfico o crimen organizado. Esto oscurece la administración pública y es urgente que se transparente para que el municipio no se convierta en un ‘narcomunicipio’».
Por su parte, desde la Municipalidad de Ovalle respondieron que los abogados contratados cumplen con todos los requisitos necesarios para ejercer funciones en la administración pública, amparándose en la normativa establecida por la Contraloría, particularmente en el Dictamen N° 76.940 del 19-10-2016.
La denuncia fue ingresada el 11 de agosto y se encuentra en proceso de revisión. Se consigna que los abogados señalados no están en el listado de inhabilitados para ejercer cargos públicos, aunque la investigación aún está en curso.
