Senador Jorge Pizarro: “Necesitamos tener una mayor fiscalización y control del recurso hídrico”
La Sala del Senado despachó en particular el proyecto que introduce modificaciones a la institucionalidad que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones.
Listo para su tercer trámite en la Cámara de Diputados quedó el texto, luego que la Sala concluyera el análisis en particular de la iniciativa, que tiene por objeto adecuar las instancias institucionales y normativas que regulan el uso del agua, para garantizar la seguridad hídrica y aplicar una efectiva administración integrada de este recurso, que permita una gestión eficiente, eficaz, sustentable y participativa del recurso.
Al respecto, el Senador por la región de Coquimbo, Jorge Pizarro, destacó que este proyecto permite dotar de nuevas atribuciones a la Dirección General de Aguas del MOP y explicó que “la razón de fortalecer este servicio es porque necesitamos tener una mayor fiscalización y control del recurso hídrico tanto en cantidad como calidad. Se le otorgan facultades en materias medioambientales, que le permitan fiscalizar cuando se generan abusos o robos de agua en predios o se generan obras que van en perjuicio de otros usuarios buscando un beneficio particular”.
El parlamentario también integrante de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, agregó que “las multas que se establecen van a quedar sujetas y establecidas a un reglamento que se va a dictar por parte del MOP. Lo que se busca es generar un incentivo positivo de manera que los usuarios de las aguas sean los más interesados en entregar la información adecuada, en responder a los requerimientos de la Dirección de Aguas respecto del uso de esos recursos y también facilitar la información que la instancia debe tener, como la calidad del agua que se está extrayendo y eso es una facultad que hoy no tiene la entidad, así como impedir que se ingrese a los lugares donde se está extrayendo agua ilegal, para lo cual se autoriza el uso de la fuerza pública”.
En general, el texto fortalece las herramientas que permitan a la Dirección General de Aguas contar con la información necesaria respecto de la cantidad de agua que se utiliza y en qué se emplea, y así poder generar políticas eficaces para una adecuada administración de los recursos hídricos y fomentar una efectiva operación y gestión de los derechos de aprovechamiento de aguas.
Aumenta el campo de fiscalización de la Dirección General de Aguas al reconocerse explícitamente que un cauce de río tiene, no sólo un elemento superficial, sino que también forma parte de él su elemento subterráneo (hasta la “roca madre”), quedando la Dirección automáticamente facultada para fiscalizar cualquier acción de intervención ilegal de un cauce en cualquiera de sus dos niveles.
