
Ratifican sanciones civiles y penales para quienes hagan mal uso de recursos públicos destinados a educación

La disposición, presentada por el Ejecutivo y aprobada en votación dividida, establece que quien haga mal uso de los recursos públicos destinados a educación, deberá reintegrarlos al establecimiento educacional debidamente reajustados y además la Superintendencia de Educación los sancionará con una multa del 50% de la suma sustraída o desviada.
Asimismo, señala que las infracciones cometidas en el uso de los recursos, generarán las responsabilidades civiles y penales que el ordenamiento jurídico dispone. En ese caso, la Superintendencia de Educación o el Servicio de Impuestos Internos deben denunciar los hechos ante el Ministerio Público.
En el mismo orden de cosas, los senadores Fulvio Rossi y Jaime Quintana retiraron dos indicaciones que establecían penas de cárcel a quienes hicieran mal uso de los recursos públicos destinados a educación.
En tal sentido, se aprobó una indicación del Ejecutivo que permite la operación con personas relacionadas cuando se hacen con organizaciones sin fines de lucro o de derecho público que presten permanentemente de servicios a los establecimientos educacionales.
Además se aprobaron dos indicaciones –una del Ejecutivo y otra de los senadores Jorge Pizarro, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar-que señala que se entenderá por partes relacionadas a las personas jurídicas que posean directa o indirectamente el 10% (antes se hablaba del 5%) o más del capital de ésta, la calidad de directivo o de administrador.